Por basar procedimientos contra exfuncionarios en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, abrogada en julio de 2017, la Secretaría de la Función Pública perdió 35 casos contra duartistas acusados de faltas administrativas y con ello la posibilidad de recuperar mil 794 millones de pesos de supuestos desvíos.
En Chihuahua, los casos instaurados contra el exgobernador Duarte y contra varios de sus colaboradores se llevaron mediante la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual tuvo vigencia hasta el 18 de julio de 2017, es decir, hasta el día previo a la entrada en vigor de la Ley General.
La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, sin embargo, llevó las acusaciones administrativas conforme a la legislación local, la cual fue abrogada hasta un año después de la entrada en vigor de la Ley General, por el Congreso del Estado. Es decir, los diputados locales se tardaron casi un año en abrogar la norma que había perdido su vigencia un año antes.
Mediante el decreto LXV/ ABLEY/0794/2018 XII PE de fecha 11 de junio de 2018, fue el Legislativo del Estado el que abrogó la Ley de Responsabilidades del Estado y ordenó regir los procedimientos administrativos mediante la Ley General. Pero en dicho decreto incluyó artículos transitorios en los que dispuso que los asuntos iniciados antes de la vigencia de la Ley General, debían seguirse conforme a las disposiciones de la norma estatal.
Después de todo esto, ¿Qué dirá Javier Corral al respecto? ¿Cuál será su justificación?