Perfilada como como la reforma más impugnada de la historia, el Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador será retomada esta semana en el Senado para la discusión y eventual aprobación del paquete que quedó pendiente que, entre otras cosas, plantea la compactación y reestructuración del INE, así como la eliminación de la llamada cláusula de “vida eterna a partidos pequeños” impulsada por el PVEM en la que se permite transferir votos a los partidos para que mantengan su registro aunque no hayan logrado la votación del 3 % establecida por la ley electoral.
Hasta el 1 de febrero pasado se han presentado al menos seis recursos contra el Plan B ante el Poder Judicial donde los inconformes alegan principalmente violaciones al proceso legislativo y afectaciones a la autonomía del INE.
De acuerdo al análisis “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) la SCJN deberá resolver sobre la constitucionalidad y validez de estas reformas antes de junio de 2023, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país.
Para invalidar el Plan B se requeriría que una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en ese sentido.
La Constitución en su artículo 105 prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que, a partir de junio, el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de este tipo.
De acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023 (aunque la Reforma Electoral plantea postergarlo a la tercera semana de noviembre).
El llamado Plan B ya se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia con un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.
