La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, confió en que el Poder Judicial hará una reflexión seria, profunda y expedita sobre el paquete de reformas electorales que el Ejecutivo federal publicó este jueves en el Diario Oficial de Federal (DOF).
Sin embargó, lamentó que las nuevas reglas no se hayan construido por consenso, sino que “fueron impuestas por una mayoría que rompe con 30 años de reformas electorales democráticas”.
Afirmó que, tras la publicación del llamado Plan B en el DOF, partidos políticos, organizaciones sociales y legisladores acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar los recursos en contra de un marco normativo que se contrapone a la Constitución.
Destacó la importancia de que el máximo tribunal resuelva a la brevedad sobre el asunto
A fin de que se dé certeza jurídica al proceso electoral del 2024, aunque aceptó que ya no habrá tiempo para impugnar las reformas a nivel internacional.
La senadora se solidarizó y calificó como excepcional el trabajo de Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral durante 14 años que, de acuerdo con las nuevas normas electorales, dejará de desempeñar ese cargo.
En el marco del Foro Global sobre Democracia Directa, la también presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en el Senado consideró que, en un contexto de polarización política y reproducción de la violencia, los instrumentos de democracia directa son indispensables para mantener la cohesión social.
“Cuando se han agotado las respuestas del Estado, cuando es difícil distinguir las ideologías del ejercicio del Poder, cuando las fuerzas políticas convergen en la inercia, es el momento para que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar un viraje para construir opciones dentro de la civilidad y el derecho”, manifestó Patricia Mercado.
Subrayó que la democracia delegativa y representativa es el régimen político que mejor garantiza la estabilidad, la gobernabilidad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la pluralidad.
No obstante, reconoció que las figuras del plebiscito o la revocación de mandato en ocasiones han sido útiles para intenciones autoritarias o regresivas, ya sea para simular una falsa apertura política, para dar legitimidad a decisiones asumidas desde la cumbre del poder o como ejercicios que buscan restringir derechos o para cumplir objetivos geopolíticos.
