Julieta Hernández Camargo comentó que algunos patrones defienden a sus trabajadores al esconderlos o decir que ganan menos
A pesar de los avances en la protección de los menores, todavía existen muchas complicaciones para hacer cumplir la ley y obligar a los deudores alimenticios. Muchos de ellos son protegidos por sus empleadores y resulta difícil encontrarlos para notificarles, lo que les permite evadir sus responsabilidades y deja a los menores sin los alimentos que les corresponden.
Estas preocupaciones fueron expresadas por Julieta Hernández Camargo, presidenta de la Asociación «Sí hay mujeres en Durango», una destacada activista. Hernández señaló que, a nivel nacional, ya existe un registro de deudores alimenticios, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a lograr que los padres, ya sean madres o padres, cumplan con sus obligaciones de proporcionar pensión alimenticia a los menores.
Hernández subrayó que en Durango se han logrado avances en la protección de los niños y niñas en la entidad, incluyendo la creación de una Procuraduría de Niños y Niñas. Además, mencionó la iniciativa de la diputada Marisol Carrillo para establecer un registro de deudores alimenticios en el estado que se armonice con el registro nacional.
La activista destacó que, en su experiencia y observaciones en los despachos de abogados, es un desafío importante obligar a los padres a pagar la pensión de sus hijos. Notificarles una resolución judicial resulta complicado, ya que muchos padres se esconden, los empleadores los ocultan o alegan ingresos más bajos de los reales.
Julieta Hernández Camargo enfatizó que es sorprendente que haya padres que no quieran cumplir con su responsabilidad de proporcionar pensión alimenticia a sus hijos. Es necesario hacer mucho más para proteger a los menores y garantizar su bienestar.
Subrayó que esta problemática se presenta tanto en el contexto de matrimonios aún vigentes como en casos de divorcio y separación de parejas.
Antes de concluir, comentó que aquellos padres que incumplen sus obligaciones no deberían ocupar cargos públicos ni buscar ser candidatos a cargos de elección popular. Además, deben ser legalmente obligados a cumplir con sus responsabilidades como padres.
