Inhabilitan por ocho años a mujer que falseó licitación para obtener contrato por 6.8 mdp con Pensiones Civiles

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la inhabilitación por un periodo de ocho años para una particular que falseó información con el propósito de ganar una licitación y obtener un contrato con Pensiones Civiles del Estado (PCE) por un monto de 6.8 millones de pesos.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2021, la ASE detectó irregularidades en la licitación pública presencial PCE-LPP-001-2021, realizada por el organismo descentralizado para la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos.

Entre las inconsistencias encontradas, se identificó que Andrea N., representante de la empresa Industry Conect S.A. de C.V., presentó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales falsa, un documento requerido en el proceso de licitación conforme a la normativa vigente.

Tras corroborar la falsedad del documento y su impacto en el proceso de contratación, la ASE inició una investigación, cuyo expediente fue remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

El caso fue turnado a la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, donde se analizó la falta cometida, clasificada como grave según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Durante el procedimiento, la ASE sustentó cómo la irregularidad afectó la legalidad y transparencia del concurso, lo que llevó al magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza a determinar la responsabilidad de la particular. Como consecuencia, el pasado 28 de enero, el tribunal impuso la sanción de inhabilitación por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras del sector público.El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, destacó la importancia de esta resolución y reconoció el trabajo de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas del TEJA, que en los últimos meses han incrementado las resoluciones con sanción, fortaleciendo el combate a la corrupción y reduciendo la impunidad en casos de irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador.

Este caso subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia en los procesos de licitación pública y reafirma el compromiso de las autoridades en garantizar el uso correcto de los recursos públicos.